La fantástica impostura de la Obsolescencia Programada.
Finalidad de las empresas
La finalidad de las empresas, en cuanto a los productos se refiere, es la
de conseguir la mejor relación calidad/precio, y unos mínimos de consumo de
energía y contaminación ambiental. Las normas y disposiciones legales, las
tecnologías, el mercado, la competencia y la innovación han establecido un
nivel de calidad, fiabilidad y seguridad casi insuperables. Los precios son cada
vez más bajos, el diseño más atractivo y la duración normalmente supera los 10
años en condiciones normales de uso. Como ejemplo, baste decir que un
frigorífico de un compartimento de 80 litros y un pequeño cajón de hasta -6º
costaba 1000€ de 2019 en 1968 y su precio actual son 126€ de 2019.
La
duración (durabilidad) de los productos
La “Obsolescencia programada”
o conspiración de los fabricantes para conseguir más ingresos mediante la
fabricación de productos con una vida corta es un insulto para los ingenieros. Nuestro
objetivo es conseguir la mejor relación calidad/precio, compatible con una
duración media razonable para evitar la obsolescencia técnica. Hoy día, en
Europa, es de unos 10 años.
Esta duración, como la
paradigmática de las 1.000 horas de una bombilla incandescente, no es más que
una regla de juego como que los partidos de fútbol duren 90 minutos. Afirmar
que fue una conspiración de los malvados empresarios industriales en su afán de
lucro, es una idea que ha tenido un éxito sorprendente. Solo se explica por lo
mucho que la gente detesta la Industria, probablemente por causas que se
remontan al siglo XIX. Y ahora decimos que la Industria es lo que nos permitirá
remontar la crisis.
La duración también depende de la utilización del producto, su mantenimiento
y las exigencias del consumidor. Prestaciones y estéticas continuamente
mejoradas o innovaciones radicales pueden hacer que el usuario considere su
aparato anticuado aunque funcione sin problemas. Nadie está obligado a desechar
un producto porque aparezca una versión nueva.
Reparabilidad, reutilización.
En principio, casi todos los
aparatos son reparables. El problema es el costo de las reparaciones.
Los fabricantes investigan cómo
diseñar y fabricar aparatos más fácilmente reparables y reutilizables. Por el
momento resultan más caros.
No parece que el consumidor
prefiera pagar un precio inmediato más alto para tener un aparato reparable en
un futuro, cuando quizás ya sea funcionalmente obsoleto. Muy probablemente cuando
el consumidor es interrogado diga que prefiere reparar su producto averiado a
sustituirlo por uno nuevo. Implícitamente da por sentado que la reparación tendrá un
costo muy inferior al producto nuevo y un nuevo modelo no le dará más
satisfacción que el reparado. Depende del valor del producto, su antigüedad y el
coste de la reparación, pero no suele ser el caso.
Por el momento el mercado de
segunda mano es residual. La diferencia entre un producto nuevo y uno de
segunda mano, no obsoleto, muchas veces no supera el 20%. Para productos con un
precio del orden de 1000€ el consumidor prefiere pagar el importe de un
producto nuevo garantizado para un mínimo de dos años, que le durará más de 10
e incorporará las últimas innovaciones. ¿Quién compraría o repararía hoy día un
televisor de rayos catódicos o incluso con pantalla de plasma?
Los automóviles son un caso aparte.
Conclusión
El concepto “Obsolescencia
Programada” es una ofensa para los ingenieros que buscan asegurar al usuario la
mejor relación calidad/precio durante diez o más años.
No habría ningún problema en
doblar esta duración mediante normas y disposiciones legales, si este fuera el
objetivo de la sociedad. Claro está que se podría seguir acusando al fabricante
de obsolescencia programada (ahora a 20 años) y los gobiernos deberían prohibir la innovación para evitar que
el producto quedara funcional o estéticamente obsoleto antes de esos 20 años.
Resulta indignante que, al tiempo que se acusa a los ingenieros de la “Obsolescencia Programada”, los poderes públicos presionan a los usuarios de automóviles y en ocasiones de grandes aparatos domésticos, para que los desechen a los diez años, estén o no en buenas condiciones de uso y con un valor residual nulo. Teóricamente es para la mejora del medio ambiente, indirectamente obsolescencia tecnológica forzada por ley. No se piensa en la energía que es necesaria para construir el nuevo aparato y en la contaminación que provocará la construcción del nuevo y la eliminación de los residuos del viejo.
Precio 2019: 359 €
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